Ruta sangrienta en el transporte

Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, Lima Metropolitana y el Callao fueron escenario de 125 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público, hechos que dejaron 169 víctimas: 93 personas fallecidas y 76 lesionadas. Detrás de cada cifra hay vidas truncadas, familias afectadas y un sistema de transporte convertido en blanco del crimen organizado.
Este fenómeno se inscribe en un contexto de alta criminalidad estructural. Entre enero de 2021 y diciembre de 2025, el Ministerio Público registró 1 966 566 delitos denunciados en Lima Metropolitana y Callao, lo que representa el 33,5 % del total nacional. Predominan los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (32,2 %) y los delitos contra el patrimonio (28,7 %), evidenciando un escenario de violencia persistente y diversificada.
Los distritos con mayor concentración de delitos —Cercado de Lima, Callao, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Villa El Salvador, Comas, Ate, San Martín de Porres y Villa María del Triunfo— concentran en conjunto el 52,5 % del total de denuncias. No es casualidad que estos mismos territorios hayan sido, en los últimos dos años, epicentros de atentados contra unidades de transporte público, consolidando una problemática que trasciende lo criminal y se instala como un grave problema social y de seguridad ciudadana.
La escalada de violencia es clara. Entre agosto y diciembre de 2024 se registraron 31 víctimas (18 fallecidos y 13 lesionados). En todo el año 2025, la cifra se disparó a 138 víctimas, con 75 fallecidos y 63 lesionados, reflejando una intensificación alarmante de la violencia extorsiva.