El nuevo gabinete de la repartija sería censurado

Para el analista político Fernando Flores Limo, más que afirmar que la clase política en el Perú ha “decrecido”, sería una reconfiguración del sistema político peruano, marcada por la volatilidad electoral y la fragmentación partidaria que se expresa en la votación para elegir a un presidente como José María Balcázar. Y, donde la designación de los integrantes del nuevo gabinete revela la existencia de una repartija de cuotas de poder político, y por consiguiente, ello propiciaría una nueva censura congresal.
Ha trascendido que la bancada de Renovación Popular en el Congreso de la República no dará el Voto de Confianza al denominado el gabinete de la Repartija, porque la propia primera ministra Denisse Miralles ha sido impuesta a José María Balcázar por presión de César Acuña, gobernador regional de La Libertad y presidente de APP, (Alianza para el Progreso).
En los últimos años se habla constantemente de una crisis de liderazgo y representación. Desde su perspectiva, ¿cree que el nivel de la clase política ha decrecido tras los acontecimientos recientes?
Más que afirmar que la clase política ha “decrecido”, podríamos hablar de una reconfiguración del sistema político peruano, marcada por la volatilidad electoral y la fragmentación partidaria. Hoy observamos tres fenómenos simultáneos: personalización de la política: los partidos han perdido consistencia ideológica y se han convertido muchas veces en vehículos electorales temporales. Esto genera liderazgos menos institucionalizados y mayor improvisación. La percepción de corrupción, conflictos entre poderes del Estado y cambios constantes de autoridades ha debilitado la legitimidad política. Cuando la ciudadanía pierde confianza, también cambia la forma en que evalúa la calidad de sus representantes.
Pero el hecho de que parlamentarios de partidos como Acción Popular hayan votado por un izquierdista como José Balcázar para presidente, ¿no cree usted que es más que sintomático?
Muchos actores políticos operan bajo una lógica de corto plazo, priorizando alianzas tácticas antes que proyectos de país. Eso no necesariamente implica menor capacidad individual, pero sí una menor estabilidad institucional. Por ello, más que un “declive moral” generalizado, estamos frente a un sistema político que incentiva comportamientos estratégicos y alianzas pragmáticas, por más que toda componenda se perciba mal ante la opinión pública.
Algunos analistas señalan que el Congreso se ha convertido en el principal escenario de negociación política. ¿Qué impacto tiene esto en la percepción de la ciudadanía?
Tiene un impacto directo. En democracias con partidos fuertes, las negociaciones son previsibles porque responden a programas políticos. En cambio, cuando el Congreso está altamente fragmentado, las alianzas pueden parecer poco transparentes. Esto genera dos riesgos: deslegitimación del proceso político, cuando la ciudadanía percibe acuerdos sin claridad programática. Normalización del intercambio político, donde cargos o ministerios pueden interpretarse como recompensas y no como decisiones técnicas. Sin embargo, también debemos reconocer que la negociación parlamentaria es parte natural de cualquier democracia. El problema surge cuando no existen mecanismos claros de rendición de cuentas.
¿Qué pasaría si el presidente Balcázar decide convocar a su gabinete a figuras cercanas a César Acuña? ¿Podría interpretarse como repartija de cuotas o negociado político?
Desde una perspectiva institucional, un presidente puede buscar ampliar su base política incorporando representantes de distintas fuerzas. Eso puede ser visto como una estrategia de gobernabilidad, especialmente en un Congreso fragmentado como el que tenemos. No obstante, el contexto importa mucho. Si previamente se conoce que un líder político apoyó decisivamente su elección, la incorporación de figuras vinculadas a ese grupo podría generar sospechas de intercambio político. Incluso, podría ser susceptible de una nueva censura o en todo caso la negación de un voto de confianza.
Entonces, ¿cómo diferenciar una coalición legítima de una repartija política?
Existen algunos indicadores clave: trayectoria profesional de los ministros: si poseen experiencia técnica o política coherente con el sector que asumirían. Agenda programática común: cuando los aliados comparten objetivos de gobierno claramente definidos. Transparencia en la negociación: si el Ejecutivo explica públicamente las razones de la alianza. Cuando estos elementos no están presentes, la percepción de repartija se fortalece, incluso si formalmente todo es legal.
¿Qué escenario cree que podría surgir si se consolidan este tipo de ‘acuerdos políticos’?
Podrían abrirse tres escenarios: un escenario de estabilidad pragmática: el gobierno logra acuerdos mínimos y reduce la confrontación política. Un escenario de desgaste progresivo: la percepción de negociaciones constantes debilita la legitimidad del Ejecutivo. Otro escenario de polarización social: si la ciudadanía percibe que las alianzas responden solo a intereses de élites políticas, podría aumentar la desconfianza hacia el sistema democrático. En última instancia, el éxito o fracaso de estas alianzas dependerá menos del acuerdo político en sí y más de la capacidad del gobierno para demostrar resultados concretos y transparencia.
¿Cómo debemos interpretar la percepción ciudadana de que la clase política ha disminuido su nivel tras los últimos acontecimientos en el Congreso?
La percepción de depreciación de la clase política no puede analizarse solo desde una mirada moral o mediática; debe comprenderse dentro de lo que la teoría del poder denomina crisis de intermediación democrática. El constitucionalismomoderno descansa sobre la idea de representación política estable. Cuando los partidos se fragmentan y el sistema electoral produce mayorías débiles, la legitimidad deja de estar anclada en instituciones y pasa a depender de liderazgos circunstanciales. Desde una perspectiva sistémica, el problema no es únicamente quién gobierna, sino cómo se estructura el poder: se debilita la función programática de los partidos. Se fortalece la lógica del cálculo estratégico dentro del Congreso.
¿Estamos entonces frente a una transformación del presidencialismo peruano?
Podría afirmarse que sí. El presidencialismo peruano se está desplazando hacia una forma híbrida, donde el Ejecutivo necesita comportarse como un primer ministro de facto, negociando constantemente con el Congreso. Esto genera una paradoja: el presidente mantiene una fuerte legitimidad electoral. Pero su capacidad real de gobernar depende de equilibrios parlamentarios. En teoría del poder, esto se denomina presidencialismo condicionado, donde la autoridad formal no siempre coincide con la autoridad efectiva.
Para cerrar, ¿qué escenario político podría emerger si, a través del Gabinete, se consolidan acuerdos entre Balcázar y sectores vinculados a Acuña?
Podemos proyectar tres escenarios teóricos: estabilidad estratégica: se forma una coalición funcional que reduce la incertidumbre política. Gobernabilidad transaccional: el gobierno sobrevive mediante acuerdos constantes, pero sin construir legitimidad profunda. Crisis de representación ampliada: si la ciudadanía percibe una alianza basada en intereses particulares, podría aumentar el rechazo al sistema político en su conjunto. En última instancia, la pregunta central no es quién ocupa el gabinete, sino qué modelo de poder se está configurando: uno basado en la articulación institucional o uno basado en la negociación permanente de cuotas.