El Congreso salva a Pedro Castillo

El pleno del Congreso volvió a exhibir su falta de coherencia y voluntad política al no alcanzar los votos necesarios para aprobar la resolución que inhabilitaba por diez años al expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Pese a la gravedad del intento de quebrar el orden democrático, ni siquiera lograron llegar a 50 votos, lejos de los 68 mínimos requeridos. Solo 44 congresistas apoyaron la medida, mientras que 31 votaron en contra y 3 prefirieron abstenerse. La bancada de izquierda, alineada con Castillo y varios de sus exministros, decidió cerrar filas una vez más, priorizando su agenda política antes que la defensa de las instituciones.

La decisión es aún más cuestionable si se considera que, apenas el 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo, junto con Betssy Chávez y Willy Huerta, a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, imponiéndoles además dos años de inhabilitación.
Aun así, el Congreso —que suele mostrarse implacable en otros casos mucho menos graves— se mostró incapaz de actuar con firmeza frente a un expresidente ya condenado por delitos que atentaron directamente contra la democracia.

Este resultado no solo revela la fragmentación y mezquindad política que domina al Parlamento, sino que también transmite un mensaje peligroso: incluso un intento de ruptura constitucional puede ser relativizado cuando conviene a ciertas bancadas.