IPD compromete presupuesto para defensa legal de expresidente investigado
Sergio Ludeña afronta una investigación fiscal por presunta negociación incompatible y concusión. La entidad deberá contratar y pagar a un abogado con cargo a su disponibilidad presupuestaria. La resolución no precisa cuánto costará la defensa.
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) deberá destinar recursos de su presupuesto para financiar la defensa legal de su expresidente Sergio Luis Ludeña Visalot, investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y concusión, en agravio del Estado.
La decisión, contenida en la Resolución de Gerencia General N.° 000037-2026-GG/IPD, emitida el 9 de julio de 2026, autoriza la atención del pedido de defensa y asesoría legal presentado por Ludeña, quien tiene la condición de investigado en una investigación fiscal que se encuentra en etapa preliminar.
El expediente está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima-Tercer Despacho y corresponde a la Carpeta Fiscal N.° 506015505-2026-66-0.
COSTO PARA EL IPD
El aspecto económico de la decisión está en que el beneficio no quedará únicamente en una autorización administrativa. La resolución ordena a la Oficina General de Administración, en coordinación con Presupuesto y Planificación, realizar las acciones necesarias para contratar al profesional que asumirá la defensa de Ludeña.
En otras palabras, el IPD tendrá que utilizar recursos de su presupuesto institucional para financiar este servicio legal, sujeto a su disponibilidad presupuestaria y a las reglas de contratación pública.
La resolución no establece el monto que finalmente será desembolsado. Tampoco aprueba los honorarios del abogado propuesto por Ludeña. Por el contrario, precisa que tanto la contratación como el pago deberán seguir el procedimiento establecido en la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, su reglamento y las disposiciones presupuestarias correspondientes.
Esto deja pendiente conocer cuánto terminará costándole al Estado la defensa del exfuncionario y bajo qué condiciones económicas será contratado el abogado.
RECURSOS QUE COMPITEN POR PRIORIDADES
El caso pone nuevamente sobre la mesa el costo de los beneficios de defensa legal otorgados a exservidores públicos y su impacto en la asignación de recursos de las entidades estatales.
En el caso del IPD, institución encargada de promover y desarrollar el deporte nacional, cada gasto administrativo debe evaluarse dentro de un presupuesto que también debe atender las necesidades de preparación, entrenamiento, competencias, equipamiento e infraestructura deportiva.
La resolución, sin embargo, no permite concluir que el dinero destinado a la defensa de Ludeña será retirado de una partida específica para deportistas. Lo que sí establece es que la contratación deberá realizarse con cargo a la disponibilidad presupuestaria de la entidad.
Por ello, el dato económico que queda por determinar es cuánto costará finalmente la defensa y qué partida presupuestaria financiará el servicio.
UN BENEFICIO REGULADO
El acceso a defensa legal no constituye una decisión discrecional creada para este caso. La Ley del Servicio Civil y la Directiva N.° 004-2015-SERVIR/GPGSC contemplan este beneficio para servidores y exservidores civiles que cumplan determinadas condiciones cuando afrontan procesos relacionados con actos u omisiones vinculados al ejercicio de sus funciones.
La Oficina de Asesoría Jurídica del IPD concluyó que la solicitud de Ludeña cumplía con los requisitos establecidos por dicha normativa.
La resolución fue suscrita por César Antonio Legrand Muente, gerente general del IPD. Ahora corresponde a las áreas administrativas y presupuestarias ejecutar el procedimiento de contratación y determinar el costo efectivo que tendrá para la entidad la defensa del exfuncionario.
