Gobierno enfrenta al crimen organizado
El desafío de una nueva política para frenar la inseguridad
Entrevista al doctor Iván Torres La Torre, experto en derecho penal, jurista y catedrático universitario, quien plantea una nueva doctrina de seguridad nacional frente al denominado “terrorismo urbano”.
1. Doctor Torres La Torre, ¿cómo debemos interpretar lo ocurrido recientemente en Trujillo?
No debemos verlo como un hecho aislado. El secuestro extorsivo se inserta en un escenario de extorsión, tráfico de armas, mercados negros y organizaciones con capacidad económica y logística.
El Gobierno enfrenta un problema acumulado durante años y debe elevar la respuesta estatal en profundidad, coordinación y anticipación. No podemos aceptar que el crimen organizado supere las capacidades de la Policía y del Estado.
Estamos ante un “estado de cosas criminosas”, donde distintas actividades delictivas se articulan y generan estructuras de poder que pueden afectar la tranquilidad pública, la economía y la autoridad estatal.
2. ¿Qué revela esto sobre la dimensión del crimen organizado?
Revela una criminalidad más sofisticada. Las organizaciones funcionan como estructuras empresariales ilícitas que requieren capital, logística, información, corrupción y armamento.
Debemos analizar la conexión entre narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, extorsión y secuestro, además de sus vínculos transnacionales. Esto exige inteligencia inmediata, preventiva y operativa.
3. ¿Es suficiente la concepción tradicional de seguridad nacional?
No. Las amenazas actuales operan en red, pueden financiarse desde distintos territorios, penetrar instituciones y adquirir armamento.
Necesitamos una nueva doctrina de seguridad nacional que considere amenazas capaces de afectar la estabilidad institucional y la autoridad del Estado. En ese contexto debemos discutir jurídicamente el concepto de “terrorismo urbano”.
No todo delito violento es terrorismo. Debemos identificar cuándo una organización utiliza sistemáticamente el miedo y la violencia para someter a una población, controlar territorios o desafiar al Estado.
4. ¿Qué debe cambiar en la estrategia estatal?
Debemos dejar de actuar después de los hechos. El Estado necesita planeamiento estratégico, inteligencia y una intervención coordinada.
La presencia militar por sí sola no resuelve el crimen organizado. Se requiere una reforma policial, fiscal, judicial y penitenciaria, con cárceles de máxima seguridad y mayor control sobre los cabecillas.
También debemos fortalecer a la Policía mediante acciones de contrainteligencia para enfrentar su infiltración y recuperar su capacidad operativa.
5. ¿Qué papel deben cumplir la inteligencia y las instituciones de justicia?
La inteligencia debe ser el punto de partida. Necesitamos una Policía capaz de investigar y desarticular estructuras criminales, no solo detener ejecutores.
La Fiscalía debe contar con especialistas e investigación financiera; el Poder Judicial, con jueces preparados para casos complejos; y el sistema penitenciario, con cárceles de máxima seguridad, inteligencia penitenciaria y control de comunicaciones.
La reforma debe ser integral: Policía, Fiscalía, justicia y sistema penitenciario son una misma cadena.
6. ¿Qué ocurre cuando el crimen organizado penetra las instituciones?
La organización primero busca sobrevivir, luego protección e influencia. La infiltración puede convertirse en penetración y finalmente en sabotaje o desafío abierto a la autoridad.
No podemos aceptar que el crimen haya superado a la PNP. El Estado debe identificar sus vulnerabilidades y recuperar las capacidades perdidas. Aceptar lo contrario significaría una especie de rendición institucional.
7. Ante estos acontecimientos, ¿podemos estar ante una criminalidad que nos obligue a evaluar el concepto de terrorismo urbano?
Sí. Debemos discutirlo con rigor jurídico y sin utilizarlo arbitrariamente.
Cuando una organización busca no solo obtener dinero, sino generar miedo, someter a la población, controlar espacios y desafiar al Estado, estamos ante una amenaza distinta. Si además existen financiamiento transnacional, armamento, narcotráfico y tráfico de armas, la naturaleza del problema cambia.
No podemos llamar simplemente “inseguridad ciudadana” a todo si estamos frente a una amenaza estratégica.
8. ¿Qué riesgos existen si las organizaciones criminales consolidan territorios?
El mayor riesgo es que la autoridad estatal sea desplazada progresivamente por el poder criminal.
Extorsión, mercados negros, tráfico de armas y secuestros pueden conducir al control económico y territorial y, finalmente, a una gobernanza criminal, donde ciudadanos y empresarios deban someterse a las reglas de estas organizaciones.
No podemos permitir que Trujillo sea hoy una “zona liberada”, pero sí existe una alerta que debe ser atendida antes de que el problema llegue a ese punto.
9. ¿Qué reformas son indispensables?
Debemos abandonar las medidas aisladas y avanzar hacia una reforma integral de seguridad y justicia, articulada con una nueva doctrina de seguridad nacional.
También es necesaria una política migratoria vinculada a la seguridad: control fronterizo, identificación, intercambio de información y mecanismos eficaces para ejecutar expulsiones cuando legalmente correspondan.
Las expulsiones de cabecillas delincuenciales son positivas y deben continuar junto con las demás medidas de seguridad.
RECOMENDACIÓN
10. Finalmente, ¿qué debe hacer el Gobierno para recuperar la iniciativa?
Debe consolidar los esfuerzos actuales en una política de Estado de seguridad nacional con visión estratégica.
El crimen organizado fue enfrentado durante años con respuestas insuficientes. Ahora debemos recuperar el terreno perdido, fortalecer la prevención y retomar la iniciativa.
El crimen contemporáneo puede ser transnacional, financiero, armado, infiltrante y territorial. Cuando utiliza el terror para dominar, debemos estar preparados para analizar jurídicamente el fenómeno como terrorismo urbano.
Ese es el gran desafío que enfrenta hoy el Estado peruano.
